155 razones

«La Unión Europea no tiene una policía que tenga que ejecutar las decisiones judiciales. No es necesario. Cuando el Tribunal de Justicia dicta una sentencia, se aplica y punto». Estas palabras de Antonio Tajani el pasado viernes en Oviedo, donde mi tierra entregó orgullosa sus premios Princesa de Asturias, siguen resonando. Las pronunció en español, con mucha contundencia y sin el más mínimo atisbo de duda. El Teatro Campoamor, poco dado a ponerse de pie si no es para el rey Felipe, terminó ovacionando al Presidente del Parlamento Europeo, que representa a quinientos cincuenta millones de personas.

«Se aplica, y punto». ¿Qué nos queda, si no? Después de seis años estudiando Derecho, con bastante más pasión que esfuerzo, la respuesta a esa pregunta me quita –y no exagero– horas de sueño. Los juristas partimos de unas determinadas bases, dogmas, axiomas que no discutimos. Como todas las demás ciencias, damos por sentadas una serie de cosas para poder desarrollar todo lo demás. Ese «se aplica, y punto», llamado principio de legalidad, es una de ellas. Quitarme a mí el principio de legalidad es como quitarle a un matemático sus axiomas, a un teólogo sus dogmas, a un filólogo el significado de las palabras, o a un pintor el color de sus óleos. Nos hunden en la miseria, dejaríamos de funcionar. Simplemente, no se discute, no es motivo de controversia o interpretación, sencillamente es. Al igual que no se discute que dos líneas paralelas jamás se tocarán, aunque no podamos verlo; o que el todo es mayor que cualquiera de sus partes, aunque no podamos abarcar todos los todos, el principio de legalidad no admite ningún pero. Y el principio de legalidad dice que el Derecho, cuando es válido y legítimo, «se aplica y punto»; de lo contrario, no existe.

Es importante entenderlo para ver su trascendencia. Y es más importante todavía ser pedagógico al explicarlo. Yo lo intento, lejos del éxito, desde hace tiempo, con cualquier interlocutor que se me ponga por delante. Conseguir que alguien que no tiene por qué entender de Derecho –es decir, la inmensa mayoría de nosotros, como es lógico– capte el sentido del principio de legalidad me parece infinitamente más importante que explicarle por qué el 1-O era ilegal, qué significa el artículo 155 o si Puigdemont va a ir a la cárcel. Al final, es casi anecdótico, me atrevo a decir que irrelevante. Si todos entendiéramos el «se cumple, y punto», lo que la Justicia haga con el President nos daría, casi, lo mismo.

Por eso hoy lunes, día de desperezarse, de análisis un poco más espeso de lo habitual sobre lo ocurrido durante el fin de semana, convendría pararnos a explicar ese tipo de fundamentos sin los cuales muchas de las infinitas discusiones constitucionales, las valoraciones políticas y las opiniones de barra de bar no valen el aire que se desperdicia en emitirlas o la tinta que se derrocha al imprimirlas. Por no decir el tiempo perdido por el que las escucha o lee.

Al  principio de legalidad –el que dice, insisto, que la Ley, las sentencias, en definitiva el Derecho «se aplica, y punto»– no se le puede ver andando por la calle. No hay estatuas al principio de legalidad, ni tampoco parques o avenidas. Quedaría horrible, cierto, Paseo del Principio de Legalidad, pero créanme que es importante. Como mucho, si se pone atención, se le puede ver flotando alrededor de un librito llamado «Constitución». Además, con un poco de sensibilidad, se puede percibir a nuestro alrededor. El principio de legalidad es esa barrera invisible que impide que mañana la Asamblea de la Comunidad de Madrid decrete que me tengo que poner a cavar los túneles de la M30, o que salir a la calle con una camisa de cuadros sea un delito de traición a la patria. Yo no la veo, sólo la adivino, pero sé que está ahí, que me protege; y tengo la certeza de que si lo necesito, si lo requiero de verdad, me protegerá frente a cualquier poder.

En Cataluña, sin embargo, ha desaparecido.

Esta sola razón bastaría para desatar toda la fuerza del Estado de Derecho contra el autor, o autores, de un ataque frontal no sólo contra ese librito del que hablaba, sino contra todos los ciudadanos catalanes que, sean o no conscientes de su existencia, de pronto han visto cómo ese escudo invisible deja de estar a su alrededor. Imaginen un delincuente arrancando de cuajo la puerta de casa, que nos separa del mundo y encierra ese espacio tan nuestro que es el hogar, dejando el umbral obligatoriamente abierto. Es exactamente lo mismo.

Así, además de esta, hay otras decenas de razones por las que la aplicación del artículo 155 de la Constitución no era ni siquiera una opción. Era un deber que ha sido atendido tarde por el Gobierno de Rajoy, en su recalcitrante costumbre de llegar tarde y mal a todos los problemas que se le plantean.

Y una vez entendemos que no había más camino que aplicar el maldito artículo, es más fácil comprender el cómo y el por qué. La situación la entiende todo el mundo: el president Puigdemont, su Consejo de Gobierno, y la mayoría secesionista del Parlamento catalán, están fuera de la ley. Se la han cargado, la han liquidado. El principal problema de todo esto es que hayan sido ellos, y nadie más. Si se tiene que aplicar el artículo 155, que se tiene que aplicar, ¿contra quién iba a ir, si no? ¿Acaso había alguna otra opción que no pasara por cesar a ese president y poner límites a ese Parlamento? Lo de la intervención soft, light, sólo un poquito, el mínimo posible, ¿qué significa? No son los directores generales, ni los mandos intermedios, ni los funcionarios los que se han cargado la ley.

Son las máximas instituciones de la Generalitat. Ese es el problema. Y choca con los axiomas de los que hablaba antes. Se supone que el jefe del Govern, o la Cámara que representa a todos los catalanes –a todos– no van a cargarse la ley que les hace autoridad, la ley que les permitió llegar ahí. Pero esa suposición ha volado por los aires, y la han volado ellos. ¿Cómo, si no es yendo contra ellos, se iba a recuperar la Constitución, y con ella, el escudo invisible, la puerta de casa? No nos engañemos, ni seamos hipócritas. Bien sabe todo el mundo a estas alturas que yo no soy un defensor de Rajoy, pero es que una vez ha intervenido –insisto, tarde–, ¿cómo iba a intervenir si no? ¿De qué hubiera servido aplicar el 155 sin cesar a todos los que están determinados a seguir en su camino de ilegalidad y fractura? ¿De qué hubiera servido intervenir Cataluña permitiendo que la mayoría del Parlament siguiera en su mundo paralelo de república declarada sin declarar? Claro que esta solución es indeseable, pero ¿acaso queda más margen?

Hay que tener valor para clamar que la aplicación del artículo 155 es inconstitucional, especialmente aquellos que carecen de escrúpulos a la hora de liquidar los principios más esenciales del Estado de Derecho. Hay que ser hipócrita para clamar que es un abuso esta intervención contra quienes han traspasado todas las líneas rojas de una democracia. Hay que ser tan hipócrita como aquellos que afirmaron que había novecientos heridos, como aquellos que dicen que vivimos en una dictadura opresora o que la Policía tortura. Como escribe Javier Marías en El País, no es un insulto ni siquiera al resto de los españoles, sino a quienes alguna vez han estado o están oprimidos por un régimen de terror,  o que han sido torturados a manos de algún dictador felizmente liquidado.

En mi último e insoportablemente largo artículo, la víspera del 1 de octubre, escribí que «la ley y la democracia no son negociables y que ninguna salida puede tomarse haciendo trampas». Sólo por habernos quitado el escudo de la ley, me sobran los otros 154 motivos para intervenir Cataluña. Ahora hay que devolvérsela a los catalanes para que sean ellos los que, de una buena vez, en unas elecciones libres y limpias, acaben con esta pesadilla.

Gracias por seguir ahí.