No es la Ley, somos nosotros

Nunca nos las hemos dado de visionarios, pero hace más de un año uno de mis mejores amigos y yo mantuvimos una larga conversación acerca del gran debate de hoy en el País Vasco. Uno de esos días de maratón de biblioteca dedicamos nuestras cuatro horas de pausas —una hora para un refresco, dos para comer y otra para el café; pero nosotros lo hacíamos todo seguido— a discutir sobre la obvia candidatura de Arnaldo Otegi a Lehendakari, una vez saliera de la cárcel de Logroño en la que entró por pertenecer a ETA. Por descontado, a estas alturas de la película es Luis quien con un poco de suerte se acordará de lo que hablamos entonces, pero me imagino que no diferirá mucho lo que dije en la cafetería de Periodismo de lo que pienso hoy. Y eso que, políticamente, han pasado eones.

El debate jurídico, desde mi punto de vista, se acerca a lo ridículo. Las sentencias del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional son lo suficientemente claras en la condena impuesta, siendo la única variación que el Supremo rebajó la pena de prisión pero no la de inhabilitación (p. 78 el fundamento, 103 la condena). En España, además, las penas accesorias —como es el caso de la inhabilitación— se cumplen igual que las principales porque nuestro Derecho penal, de momento, no ofrece packs ahorro ni promociones dos por uno. La existencia de un precedente —un precedente cogido con más pinzas que la investidura del martes, porque nunca fue juzgado sino que lo archivó la Fiscalía— no es más que una mala coartada para justificar la existencia de un debate político con raíces enormemente profundas.

Nota: quien sabiendo de Derecho dice que el debate sobre la candidatura de #Otegi es jurídico y no político, miente. Y miente a sabiendas.

— Jaime Fdez.-Paíno (@JaimeFPaino) 26 de agosto de 2016

La izquierda abertzale ha cometido un error histórico capital que ha lastrado durante años todas sus legítimas reivindicaciones. Ese error no es otro que el haber amparado la violencia durante muchos años una vez España se convirtió en un Estado democrático de Derecho. Hasta que en 2011 ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada (que no su disolución, que aún no se ha producido), los sucesivos partidos abertzales evitaron siempre una condena directa a los asesinatos cometidos en nombre de unas ideas políticas, lo que les acarreó las diversas ilegalizaciones que conocimos en las décadas de los 90 y los 2000. Si alguna vez matar tuvo el menor atisbo de legitimidad, dejó de tenerlo el día en el que todos pasamos a tener el derecho y los cauces para defender nuestras ideas.

El caso de Otegi, sin ser paradigmático, va más allá. Otegi, a diferencia de la mayoría de sus colegas que hoy ocupan escaños y cargos públicos, no encubrió con su silencio cómplice la barbarie terrorista; Otegi participó en ella, como dictaminaron los Tribunales. Otegi eligió secuestrar en lugar de presentarse a unas elecciones. Y eso es lo que debería habernos bastado.

Este debería ser un debate moral que deberíamos tomarnos mucho más en serio de lo que lo hacemos. Las implicaciones morales —que no jurídicas o meramente políticas— de que Arnaldo Otegi o cualquier otra persona en su situación pueda presentarse a unas elecciones son inmensas. Abstrayéndonos del individuo, hablamos de una persona que deliberadamente le dio la espalda al Estado de Derecho y empleó la violencia para imponer sus ideas. Una persona que, ante la disyuntiva de luchar por sus ideales dentro de los cauces democráticos como todos los demás o fuera de ellos, eligió el lado de fuera.

Si Luis Bárcenas decidiera presentarse a Alcalde dentro de unos años, o lo que es peor, alguien le votara, todos podemos imaginar el calado de los calificativos que elegido y electores recibirían. La diferencia, claro, es que Bárcenas robaba por dinero, que es algo que todos queremos, mientras que ETA mataba por el vago concepto de una idea. Es la insalvable diferencia entre intentar agarrar un fajo de billetes o un jirón de niebla. La insalvable diferencia entre enriquecerse por mera avaricia o ansia de riqueza material, y la capacidad de quitar no una, sino muchas vidas en nombre de algo en lo que, como mucho, sólo se puede creer.

Otegi no debería poder presentarse a Lehendakari no sólo porque lo diga una sentencia, que ya es suficiente; sino porque nosotros no deberíamos considerarlo posible. Porque las decisiones que ha tomado le incapacitan para ejercer la política en una democracia. Porque aunque haya tenido un papel vital en el cese de la violencia de ETA cuando ésta ya estaba derrotada, cuando los terroristas aún sellaban elecciones a sangre y plomo él estaba en el lado incorrecto de la línea mientras los del otro lado perdían la vida a balazos. Porque no hablamos de corrupción, de mala gestión, de incompetencia o de falta de liderazgo. Hablamos de un reguero de cientos de muertos que ETA dejó tras de sí mientras Otegi elegía la opción errónea entre pegar carteles y pegar tiros.

No es la Ley lo que no está claro. Somos nosotros los que no sabemos qué tipo de sociedad estamos intentando construir.

Gracias por seguir ahí.