La total falta de responsabilidad por parte de Mariano Rajoy amenaza una vez más a algo que está bastante por encima de su ego particular o su presunto Derecho Divino a gobernar: la Corona. En las últimas horas y en un capitulo más de la larga historia de uso partidista de las instituciones, el PP ha redoblado la presión para que el Rey Felipe VI no proponga al Presidente como candidato, para que el Presidente no tenga que volver a decirle que no.
Rajoy, registrador de la propiedad y por lo tanto, supongo, familiar con el Derecho Constitucional, jamás ha tenido respeto alguno por las instituciones que juró defender. En 2012 nombró primero magistrado y luego Presidente del Tribunal Constitucional a un militante de su partido, ocultándolo; algo inédito en nuestra democracia. Ese mismo año se personificó en el Estado de Derecho al afirmar que éste no se somete a chantajes cuando Luis Bárcenas chantajeó no al Estado de Derecho, sino a Mariano Rajoy y sus SMS. Un año después, como acabamos de saber, utilizó la Policía y la Guardia Civil, con el ministro del Interior al frente, para una guerra sucia contra el independentismo catalán. Una guerra sucia tan casposa y chapucera que no sólo fue ineficaz sino que ha dado alas al independentismo para hacerse la víctima una vez más. Ahora, durante casi un año, Rajoy se sitúa por encima del bien y del mal y, sin más, porque Él así lo decide, se abstiene de someterse al control del Congreso mientras su Gobierno se sobrepasa en sus Funciones y sigue tomando decisiones que no son de mero despacho.
El último capítulo es la instrumentalización de la Corona, una institución que resulta ser la más alta del Estado. Eso no ha sido objeto para que Rajoy haya decidido que él dicta lo que tiene que hacer el Rey. Y si a Rajoy no le conviene que haya propuesta de candidato, que no la haya.
El artículo 99 de la Constitución le da un papel al Rey que, si miramos otras monarquías europeas, es relativamente común. Como figura moderadora de las instituciones (artículo 56), al monarca se le encomienda escuchar a los líderes políticos y proponer a una persona para que solicite la confianza del Congreso. A nivel autonómico esta función la cumplen los Presidentes de los Parlamentos; en otras monarquías, si no lo hace el Rey la propuesta es, igualmente, del Presidente de la Cámara o del propio Parlamento. El concepto es simple: no todos los líderes pueden intentar formar Gobierno a la vez, así que alguien tiene que decidir quién tiene más posibilidades del gobernar y por lo tanto es útil que se presente para obtener la confianza de la Cámara. El mecanismo podría ser automático (el más votado, el primero en reunir la mayoría de diputados, el primero en pedirlo, cualquier fórmula parecida) pero la Constitución ha establecido que lo mejor es que una figura neutral, después de recibir información de todos los partidos, decida quién está en condiciones de ser investido Presidente o, en su defecto, quién está más cerca. Y así es como funciona. Y por descontado no puede dejar de funcionar así de aquí a dos meses. Soluciones que se leen por ahí (que el Rey disuelva el Congreso sin investidura con un Dictamen de 2003 del Consejo de Estado, algo a priori difícil de trasladar a esta situación; o que se reforme la Constitución por el procedimiento exprés para que se pueda hacer, que es una locura de reforma retroactiva que simplemente no sé cómo puede entrar en la cabeza de ningún jurista) serían una quiebra de la Constitución en un momento en el que su fortaleza no se puede poner en duda.
El mismo artículo impone un límite temporal a este proceso. Se dice que si no hay Presidente dos meses después de la primera votación se deberán repetir las elecciones; es decir, los constituyentes decidieron que dos meses era el máximo que debía durar un proceso de formación de gobierno y que si en dos meses no se había logrado una investidura es que no se iba a lograr y que habría que llamar a los ciudadanos a votar de nuevo. El problema, como ya pasó en febrero y abril, es que debe haber una primera votación; sin votación, no empieza a correr el plazo. Y no hay votación si no hay propuesta de candidato por el Rey. El Estatuto de Autonomía de Asturias, por ejemplo, dice que el plazo empieza a contar desde un hecho que siempre es cierto, que siempre se produce: la constitución de la Cámara. Pero en el caso de la Constitución, el plazo se abre con la primera votación, que por tanto, tiene también que producirse.
Lo que parece pretender Rajoy es que el Rey incumpla sus funciones porque a él le viene fatal eso de prepararse una investidura y queda feo decirle que no por segunda vez. Felipe VI, según el artículo 99, «previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato». No dice ‘podrá proponer‘ o ‘propondrá una vez constate que las circunstancias lo permitan‘ ni tampoco ‘propondrá cuando el señor Rajoy lo desee‘, dice «propondrá». El Rey no puede dejar de proponer un candidato a la Presidencia porque si no lo hace, está faltando a su deber constitucional en favor de un líder político que rechaza asumir sus responsabilidades.
Obviamente el Rey no puede proponer a alguien en contra de su voluntad. Eso es lo que pasó en enero, cuando Felipe VI de hecho propuso a Rajoy y éste le dijo que no. En ese momento abrió una segunda ronda de consultas y después propuso a Pedro Sánchez por una razón muy sencilla: el Rey tiene que proponer a alguien porque es Rey para cumplir sus funciones. Rajoy fue el único culpable de que Sánchez fuera candidato.
Si mañana el Rey no propone candidato, cediendo a las presiones del PP, estaremos ante un preocupante síntoma del cáncer que asola nuestras instituciones, que no es otro que el propio Rajoy. Estaremos ante el grave certificado de que a Rajoy no le importa arriesgar incluso a la persona del Rey para satisfacer sus propios intereses. Si de verdad quiere ser Presidente del Gobierno que asuma su condición de candidato y, como hizo Sánchez, se pase un mes más intentando buscar apoyos para llegar a una investidura. Pero que sea candidato, que es de lo que se trata. Que asuma su responsabilidad, que se ponga a trabajar, a reunirse con los líderes políticos, a ofrecer algo que no sea su programa porque su programa no ganó mayoría suficiente para ser aplicado. ¿Qué broma es ésta de buscar acuerdos enviando un resumen del propio programa, sin ninguna propuesta de cambio, sin ninguna concesión, sin ningún cambio? ¿Qué tomadura de pelo es decir que se quiere gobernar pero que son los demás los que tienen que venir a hincar la rodilla? ¿Qué clase de desfachatez es no querer ser candidato e irse de puente a comer pulpo mientras el país está en bloqueo total y el hartazgo de los ciudadanos alcanza cotas preocupantes? Pero ¿qué es esto?
Por supuesto Rajoy no merece ser Presidente del Gobierno. Habrá ganado las elecciones, pero su actitud es la mezcla de un cutre cacique de provincias que tuerce las leyes como más le conviene en cada momento y de una desidia de adolescente que espera que todo se le vaya arreglando sin hacer nada mientras no le preocupa lo más mínimo los daños colaterales de su indolencia. Indolencia que nos conduce a unas terceras elecciones porque él es el problema. Él es el que no tiene escrúpulos en poner al Rey en el disparadero constitucional, en dejar que Cataluña siga enfrentándose a un débil Gobierno en Funciones, en permitir la prórroga presupuestaria que nos hará trizas con tal de no tener que remangarse la camisa y negociar nada. Si Rajoy se hubiera ido, habría Gobierno. Si Rajoy se va, habrá Gobierno. Si Rajoy se queda y sigue igual de indolente, puede que gobierne. Pero este precio me parece indigno de una democracia desarrollada. Si tiene que haberlas, que haya terceras elecciones y las ganen él y su partido, ése que destruye sus ordenadores a martillazos para ocultar la podredumbre de su sede. Así tendremos lo que nos merecemos.
Gracias por seguir ahí.
Escaño vacante 