Setenta y nueve años, y subiendo

Hace setenta y nueve años, España era un país fracturado socialmente, económicamente arrasado por la Gran Depresión de la década anterior y por su endémico atraso industrial y comercial, y colapsado políticamente. Un país cuyas instituciones, pese a contar con estadistas de grandísima talla, no habían sido capaces de hacer encajar los engranajes de la Constitución de 1931, que supuso un cambio de régimen quizá demasiado profundo en un tiempo demasiado breve.

Así, hace setenta y nueve años, un golpe de Estado fracasó al intentar derrocar al Gobierno democráticamente elegido por los españoles y desencadenó una guerra civil, poco más de medio siglo después de la anterior. La guerra fue brutal, costó medio millón de vidas, y terminó con la victoria de los sublevados, cuyo líder se proclamó Jefe del Estado y Caudillo de España por la Gracia de Dios, e instauró una dictadura que perduró hasta su muerte. Un régimen que cometió crímenes, represalió a sus opositores, exilió a los incómodos y condenó al país a una larga noche de 40 años de falta de libertad y de aislamiento internacional no sólo político, sino también social y cultural.

Setenta y nueve años después, cada vez es menor el número de españoles que pueden contar dónde estaban el 18 de julio y qué les pasó como consecuencia de la fractura del país en dos bandos, en general sin poder elegir en cuál se situaban. Cada vez son menos los españoles que pueden contar los durísimos años de la posguerra, las carencias, el hambre y la más dura represión del bando vencedor. Al mismo tiempo, cada vez somos más los españoles que nacimos en democracia y que conocemos, porque la conocemos, la historia de nuestro país en esos años oscuros. Quien más quien menos, todos tenemos en mente obras cumbre en la literatura, el cine, la pintura, la escultura o la música que recuerdan la guerra y sus consecuencias. En la sociedad en la que vivimos, donde casi toda la información que existe está al alcance de la mano, disponible en los bolsillos de prácticamente todos los ciudadanos, quien no sepa lo que ocurrió es porque no quiere saberlo. Y contra quien no quiere saber, no hay políticas que sirvan.

La Ley de Memoria Histórica es un instrumento innecesario porque introduce una verdad oficial. En la Historia no existe la objetividad, y por tanto, no puede existir la verdad absoluta. Sobre nuestra última guerra civil hay tantas verdades como españoles que la vivieron. Sobre la dictadura franquista hay tantas versiones como víctimas. También ocurre lo mismo con otras guerras en otros países del mundo. Un californiano, que defenderá a ultranza su Constitución y su bandera, contará probablemente que la Guerra de Secesión fue el producto de las diferencias culturales que existían y resultado inevitable de la diversidad de una nación en construcción, mientras que un flemático ciudadano de New Hampshire recordará que la Confederación fue un gobierno golpista y que la Unión defendía por las armas la libertad de Lincoln y los padres fundadores. Un alemán sin duda explicará que la Segunda Guerra Mundial fue provocada por un fanático que se sirvió de la humillación de Versalles para engañar al pueblo y llevarlo al abismo, mientras que un griego no tendrá reparos en decir que Alemania está ahora intentando por lo bajo lo que no consiguió por lo alto el siglo pasado, porque es un pueblo autoritario y conquistador por naturaleza…

Que una Ley tenga que decir que no puede haber monumentos a Franco revela la escasa capacidad de quienes han gobernado hasta ahora de buscar consensos y conciliar los sentimientos tan enconados que, setenta y nueve años después, despierta la guerra civil. En Alemania al Bundestag nunca se le ha ocurrido prohibir los bustos de Hitler. Simplemente, en silencio, retiró los existentes.

En España no sabemos hacer las cosas así, y debatimos encarnizadamente sobre si se debe derribar el Arco de la Victoria porque lleva la palabra ‘victoria’. En realidad, y por lo que he leído (y recuperado, porque esto lo supe cuando estudiaba Historia del Arte), el Arco de la Victoria se llama Arco de la Moncloa; pero es un arco de la victoria porque esa es la denominación artística de un monumento vertical con un vano en el medio, a imitación del Arco del Triunfo parisino y éste, a su vez, de los arcos triunfales que pueblan Roma desde hace dos mil años. El arco es un monumento histórico, al igual que lo es el Valle de los Caídos. Debe servir para recordarlo todo, como todos los monumentos históricos. Napoleón dio dos golpes de Estado, instauró dos dictaduras (una con el nombre de Imperio) y masacró a decenas de miles de personas en su marcha triunfal por Europa hasta Waterloo, y ordenó levantar el Arco del Triunfo para que sus “soldados regresen a casa bajo arcos de victoria”; a nadie se le ha ocurrido en siglo y medio exigir su demolición sólo porque conmemora la victoria de Austerlitz, batalla en la que, por cierto, murieron dieciséis mil personas. Desde 2008, una exhibición permanente ha querido ilustrar un nuevo punto de vista sobre el monumento como elemento de reconciliación nacional y no como monumento a la lucha armada. Aunque se llame Arco del Triunfo. No hizo falta una Ley que protegiera la memoria de las víctimas de Austerlitz, ni de los rivales a los que Napoleón asesinó o exilió. Los franceses se han ocupado de eso.

En España llevamos ya setenta y nueve años a vueltas con la guerra civil. Tres generaciones han pasado desde que los españoles se mataron los unos a los otros entre ellos y no hemos sido capaces de honrar la memoria de quienes murieron sin que nos sea impuesto. Que una mayoría política obligue a otra a hacerlo de una determinada manera no es la solución; no puede serlo, ni lo será nunca. Es irracional que no haya acuerdo en convertir el Valle de los Caídos en un monumento a todos: a los fusilados en los patios de atrás del Ministerio de la Gobernación franquista y a los fusilados en Paracuellos. Pero es aún más irracional sugerir su demolición. Por eso son debates quizá apasionantes, pero que no llevan a soluciones. Sobre todo cuando se utilizan electoralmente -como se utilizó la Ley de Memoria Histórica en un triste intento de etiquetar a unos como defensores de las víctimas y a otros como verdugos- o simplemente para soterrar otros debates infinitamente más importantes.

Mientras no aprendamos este tipo de conceptos democráticos, es imposible construir una sociedad que no se siga recreando en discusiones por las que sus abuelos y bisabuelos ya cogieron las armas. Mientras no solucionemos estos problemas con diálogo en lugar de con imposiciones, a nadie extrañe que nuestra democracia sea de segunda.

Por si quedaban dudas, esta entrada es un recuerdo a todas las víctimas de una guerra civil que empezó hace setenta y nueve años y cuya página ya es hora de pasar; que no arrancar.

Gracias por seguir ahí.