Yo voy

Será la primera vez en mi vida que secunde una huelga universitaria, pero lo haré. Mañana se nos convoca una vez más para condenar las políticas de este Gobierno en materia de educación, y ya van unas ocho o nueve veces (un promedio de tres por curso) desde que soy universitario. En esta ocasión, aunque todo es acumulativo, la llamada a la movilización viene motivada por la «Reforma 3+2», que previsiblemente adoptará el Ministro Wert el próximo mes y que pretende la reducción de los Grados a tres años y la ampliación de másteres a dos.

Nunca he secundado una huelga universitaria –es más, siempre me he empeñado en no seguirlas, a veces en condiciones que podrían calificarse de ‘peligrosas’– por varios motivos, entre ellos personales. Discrepo con la fórmula de la huelga, en este tiempo y en este ámbito: la huelga, que no es un derecho reconocido a este colectivo en ningún sitio, por concepto implica causar un daño económico que es factor de presión para quien toma las decisiones. Que los estudiantes no acudan a clase tiene el mismo valor que que se manifiesten por la tarde ante el Ministerio, ni un ápice más. Nadie, salvo ellos mismos, resulta perjudicado. No obstante, siempre he respetado a quienes han decidido secundarlas, y es más, como representante de mis compañeros creo que he procurado siempre facilitar el equilibrio entre los que no acudían a clase y los que sí lo hacíamos, para que los derechos de todos –uno ficticio, el otro palmario–, se vieran respetados.

Pero si a eso le sumamos los habituales excesos, inaceptables e intolerables en un ámbito como el Universitario, que se suelen cometer bajo el paraguas de las huelgas, que no sólo no comparto sino que condeno absolutamente, tenemos todo lo necesario para no comulgar ideológicamente con estos métodos.

No obstante, el motivo que más peso tiene para mí –y no me importa decirlo, aunque a menudo quienes no lo conocen se han permitido calificarme de muchas formas, ninguna agradable– es que el Estado paga mis tasas. Todas, íntegramente, por lo que no me siento legitimado para utilizar la educación que todos los ciudadanos sufragan en otro sentido que no sea acudir a mis clases tanto y tan bien como puedo.

Sin embargo, y a fuerza de abusos, el ciclo se ha roto. El hecho de que el Estado pague mi educación ya no me parece suficiente, si el Estado se carga esa misma educación haciendo sucesivas reformas, todas ellas mal planteadas, mal ejecutadas, e incongruentes, que perjudican directamente a quienes estudiamos y a quienes estudiarán después de nosotros.

Habrá quien me diga que subir las tasas o la LOMCE entra en esa categoría. La subida de tasas fue una brutalidad, rayana en la inconstitucionalidad, pero yo no puedo quejarme, no tengo ningún derecho. La LOMCE fue un error de planteamiento, sino también de otras cosas, pero afecta especialmente –no lo neguemos– a los ámbitos educativos inferiores, y no tanto al universitario. Pero lo que ahora se pretende es el culmen de una serie de chapuzas, sin paliativos, que han convertido el sistema educativo superior español no en una homologación del europeo sino en una monumental chapuza que no sólo cuesta millones: nos está costando una generación.

El Plan Bolonia pretendió ser una reforma que modernizara el sistema español y se ha convertido en el blanco fácil de todas las críticas. Un sistema pensado para universidades excelentes, gestionadas con recursos prácticamente ilimitados y, lo más importante, sin tener en cuenta los estudiantes a los que iba destinado. Hoy la experiencia dice que para lo único que ha servido el plan Bolonia, que se ha implementado sin ni siquiera reciclar mínimamente a profesores que llevan cuarenta años dando clases magistrales, es para comprimir todo el temario de una Licenciatura de cinco años en un Grado de cuatro y aterricen como puedan.

«Me han dicho que ustedes tienen que hacer una cosa que se llaman ‘prácticas’, ¿es así?», fue el terrorífico saludo que recibió mi clase un feliz primer día de primero de carrera, cuando un catedrático que había estado en excedencia se incorporó a la Facultad y le tocó nuestro grupo. Nunca había dado clase en el “plan nuevo” y, por qué no decirlo, tampoco estaba lo que se dice entusiasmado.

Si a eso sumamos la ingente cantidad de trabajo burocrático al que ahora tienen que hacer frente los profesores –comisiones de seguimiento, de evaluación, de calidad, de bienestar del gorrión, de estratificación del subsuelo, etcétera–, que sumado a una evaluación imposible, que presuntamente es «continua» pero que no puede aplicarse a grupos que no bajan de cuarenta alumnos, encontramos que su labor también es imposible.

Es imposible cerrar los ojos a una realidad con la que lidiar cada día. Y ahora llega el colofón, el golpe de gracia al despropósito: cercenar un año a los Grados para dárselo a los másteres. Ya existen másteres de dos años. Y los Grados de tres son simplemente imposibles de hacer si se repite el esquema Bolonia de comprimir sin más. Por supuesto, no cerremos los ojos a lo evidente: el máster no lo cubre el Estado, pero ni a mí ni a nadie, ni parcialmente. Las matrículas de los másteres ascienden a precios desorbitados y darles esa preeminencia en el sistema de títulos es no sólo injusto sino que atenta contra la igualdad de oportunidades, que ya está bastante condicionada con unas tasas universitarias elevadísimas.

Por no hablar de que se trata del enésimo cambio en un lapso de menos de diez años. Si se lleva a cabo el plan 3+2, existirá una generación de personas que no podrán competir entre sí: las mayores, con su Licenciatura y eventual master, sumarán seis años de estudio; las segundas con un Grado y un master, cinco o seis; y las terceras con un microgrado y otro master que pueden ser cinco pero también se pueden quedar en tres. No sólo es injusto, es atacar la igualdad de quienes hemos nacido más tarde. Yo no he podido elegir entre estudiar una Licenciatura –cuyos planes y métodos serían antiguos, pero eran más completos– o estudiar un Grado. Y quienes me sigan no podrán elegir entre el Grado que yo tendré y el que entonces les ofertará el sistema. ¿Qué tipo de garantía es ésta? ¿De qué vale mi título si contra quienes tenga que competir en el futuro tendrán otro distinto y obtenido en distintas condiciones? El Gobierno debe entender que el sistema universitario no es un juguete, no se puede experimentar ni constantemente someter a cambios. Y este Gobierno, para variar, tampoco está siendo capaz de asumir esa responsabilidad.

Por eso el ciclo se ha roto y yo secundaré la huelga. No lo haré quedándome a dormir a pierna suelta, pienso presentarme en el campus y aprovechar el tiempo que los españoles pagan en mi lugar, pero no estaré en las clases porque creo que, si bien como decía antes de nada sirve y a nadie perjudica más que a mí, de alguna forma tengo que manifestar mi oposición a este paso, ya casi definitivo, a convertir el sistema educativo superior en un sindiós. Preferiblemente, sin quemar un contenedor que también pagan los españoles.

Y lo hago así: explicando mis razones, respetando las de otros, no haciéndolo de cualquier manera y procurando que todos podamos compaginar nuestras posiciones. Pero alguien en algún sitio debería tomar nota y dejar de juguetear con nuestro futuro.

Gracias por seguir ahí.

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