El final de la escapada

Cuando esta mañana Artur Mas estampó su firma en un Decreto ilegal se rompió el Estado de Derecho que rige España desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

Por mucho que el Gobierno —por boca de su nueva Presidenta, ya que Rajoy ahora es como el Rey y sólo nos sirve en el exterior; pero para mal— diga que tiene los mecanismos para que no pase nada más, la realidad es que ya ha pasado. Porque hasta ahora, que la Constitución y las Cortes Generales dijeran una cosa era suficiente para que se cumpliera. Hasta ahora.

Desde esta mañana la legalidad ya no se da por hecha, hay que garantizarla. El paso es muy corto pero atraviesa la última línea: la utilización de las instituciones para cometer atropellos contra algo que nos pertenece a todos.

A partir de hoy se puede ignorar la Constitución y los mandatos del Parlamento, con la excusa de que ya se encargará el Gobierno de anularlo. Así, se ha permitido que la Ley se cumpla sólo mientras el Gobierno de turno quiera. ¿Qué pasará el día en el que un Gobierno decida hacer la vista gorda ante otro atropello? ¿O el día que simplemente no haya tiempo para un plácido domingo, un informe del Consejo de Estado y un Consejo de Ministros?

La tarea del Presidente del Gobierno, que en una actuación irresponsable y pueril ha decidido estar ausente del país en un día como el de hoy, quizás el más trascendente de su insoportable Legislatura, era evitar la cristalización del desafío. Rajoy tenía los mecanismos políticos y jurídicos para que Mas jamás hubiera podido firmar un decreto que es profundamente antidemocrático, además de ilegal. Rajoy como Presidente del Gobierno tenía el deber de evitar una ilegalidad, no el de esperar a que se cometiera para pararla, en una aplicación de su doctrina de esperar hasta las últimas consecuencias que esta vez ha ido demasiado lejos.

Hemos llegado al límite. Se han utilizado las propias instituciones para atacar al Estado. Éste debe ser el final de la escapada, la huida hacia adelante de la España de las Autonomías. Con la actuación de hoy Cataluña ha puesto la primera piedra de un camino que sólo puede llevar ya a un replanteamiento de nuestra estructura territorial. No ha sido suficiente la creciente desigualdad que las CCAA han implantado entre los españoles; no ha sido suficiente el imparable aluvión de millones que nos cuesta mantener diecisiete Reinos de Taifas; no ha sido suficiente la corrupción endémica que se asienta especialmente en los cimientos autonómicos. Tendrá que serlo que se hayan utilizado las instituciones políticas y jurídicas de una Comunidad para consumar un jaque a lo único que garantiza nuestra libertad: la Ley.

Ha llegado el momento de poner fin al sistema fracasado de las Autonomías. Y sí, debe hacerse respondiendo a una pregunta, que no es otra que si los españoles queremos un Estado centralista o un Estado descentralizado. Sólo una vez mantenido y resuelto ese debate será el momento de decidir una fórmula para aplicar. Pero es una cuestión que debe ser abordada por todos con responsabilidad y sin prejuicios, y desde luego, respetando la voluntad de la mayoría.

De la mayoría de todos. Porque yo tengo unos derechos y unos deberes para con Cataluña —como cualquier otra parte de España— que no son disponibles para nadie más. Yo tengo el deber de contribuir al sostenimiento del Estado que financia a Cataluña con mis impuestos del mismo modo que tengo derecho a ser atendido por un médico en Barcelona y a circular por su territorio como parte del nacional, y nadie puede privarme de esos derechos y deberes si no es la misma soberanía que me los otorga: la que proclama la Constitución.

Esa Constitución aprobada por el 80% de los catalanes no hace tanto tiempo. Esa Constitución que dota al Parlament de su capacidad de dictar normas. Esa Constitución que Mas utiliza como fundamento de su poder legítimo. Esa Constitución cuya vigencia hoy ha quedado en entredicho sin que nadie nos haya preguntado a todos. ¿Alguien exigirá cuentas?

Gracias por seguir ahí.