Precedentes

Dice el DRAE:

precedente.

(Del ant. part. act. de preceder; lat. praecēdens, –entis).

3. m. Aplicación de una resolución anterior en un caso igual o semejante al que se presenta.

Me pareció oportuno empezar con la definición de la Academia porque es lo suficientemente genérica. Porque el problema de sentar precedentes es, normalmente, que no son para bien sino para mal.

Un precedente es que Rajoy cambie en solitario y sin acuerdo la Ley Electoral para dar el pucherazo de la década –el del año ha sido la reforma estatutaria de De Cospedal– y garantizar la elección directa de Alcaldes, como él lo llama, o evitar que Podemos sea la llave de uno o dos millares de Ayuntamientos en mayo, como lo llamo yo. El arrebato de democracia directa –democracia directa con listas cerradas, si es que el Presidente es un genio– no fue compartido por Pedro Sánchez en Moncloa y le dijo a Rajoy que, de momento, nada de nada.

Pues bien, el Gobierno ya ha decidido que lo va a hacer porque dispone de la mayoría para ello. Efectivamente la tiene y no hay nada jurídicamente reprobable en que lo haga. El problema es que sienta un peligroso precedente.

El PP lo sabe, como también sabe que, tal y como está el país, en muchos años no va a haber una nueva mayoría absoluta que pueda cambiar la Ley Electoral. Pero ¿con qué autoridad moral levantará la voz cuando llegue el momento, un partido la tenga y decida usarla también en solitario?

Nadie hasta ahora se ha atrevido a cambiar la Ley Electoral en un aspecto tan sustancial en solitario. Ni siquiera los Gobiernos de González que aprobaron la LOREG modificaron, pudiendo hacerlo, unas normas que venían de un Decreto de Suárez. El siguiente paso es liquidar la proporcionalidad o, quizás, poner la barrera electoral en el 15%.

Pero es que, al margen de la legitimidad política del PP para emprender este cambio en solitario –ninguna–, hay varios problemas. Como apuntaba Jorge de Esteban en una Tribuna de El Mundo esta semana, la propuesta del Presidente es abiertamente inconstitucional. El artículo 140 de la Constitución dice que «los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos», pero no como cláusula abierta a elegir por el Legislador, sino porque en municipios diminutos, en los que ni siquiera caben listas electorales, se da este régimen directo.

Choca con todos los principios básicos de nuestro sistema político elegir un cargo ejecutivo de forma directa. España es una Monarquía parlamentaria, y en los tres niveles de la Administración –central, autonómica y hasta ahora local– el modelo es el mismo: elección directa de representantes que eligen a los cabezas de gobierno.

No tiene ningún sentido elegir a una persona, el Alcalde, con una lista cerrada y bloqueada de concejales. Es un contrasentido. Y plantea tantos inconvenientes que sólo considerar la opción parece absurdo. Por ejemplo, ¿qué ocurre en caso de fallecimiento, incapacidad o dimisión del Alcalde? ¿Se convierte en Alcalde el número 2, y después el 3, y así sucesivamente? ¿Eso no desvirtúa la propuesta? Si se elige de forma directa un Alcalde, el resto de integrantes de la lista quedan como meros comparsas.

Habría, además, que eliminar la moción de censura municipal ­–casualmente, las únicas mociones de censura que han triunfado en España en 40 años–, puesto que no tendría sentido que los Concejales pudieran cambiar al Alcalde ‘ungido’ por el pueblo.

Y, sobre todo, se rompe el principio de las mayorías. La elección directa tiene lugar en sistemas en los que el cargo ejecutivo tiene amplios poderes, puesto que goza de legitimidad directa. En España el Pleno municipal tiene amplias competencias, la más importante la aprobación del presupuesto. Si el Alcalde no tiene mayoría absoluta, nos encontraremos con que es Alcalde pero no puede gobernar, porque la mayoría del Pleno aprobará presupuestos y ordenanzas contrarias a la voluntad del Alcalde. Eso sí, sin poder cambiar a éste. De modo que el regidor se verá obligado a no poder gobernar, y a asumir los mandatos de un Pleno políticamente contrario.

Este cúmulo de situaciones caóticas, y además absurdas, derivará en caos político. Los Ayuntamientos quedarán paralizados en un país en el que ya es raro que algo funcione bien. Estaremos como en Cudillero, Asturias, donde en esta Legislatura ha habido tres Alcaldes y el Constitucional ha anulado dos investiduras. Los vecinos están hastiados y el Ayuntamiento, destrozado.

Esto es lo que pretende el Gobierno de Rajoy. Es ya de por sí grave, pero si entramos a valorar los factores políticos, se convierte en algo sin precedentes.

El PP pretende asegurarse el bastón de mando de los municipios en los que probablemente será el más votado, porque el PSOE no remonta pero no ha caído tanto como para ceder el testigo. Es decir, la propuesta es partidista: busca un beneficio a un partido sin importar sus graves consecuencias. Pero, para colmo, lo hace a cualquier precio. Según los últimos resultados municipales, el beneficio más claro de este enloquecido sistema recae en los partidos nacionalistas, y especialmente, en Bildu, PNV y ERC.

De modo que Rajoy no sólo vende a los intereses de su partido –presuntamente financiado ilegalmente en las campañas que le llevaron al omnímodo poder, y que despierta desconfianza y rechazo en una mayoría de españoles­– el sistema constitucional y la eficacia de la Administración más cercana al ciudadano, que no es poco; sino que también vende los principios que su partido dijo defender. Todo a cambio de acaso dos mil bastones municipales que, indefectiblemente, perderá cuando el PP se desintegre, algo que ocurrirá antes o después si nada cambia.

En éstas, quizá alguien todavía espera algo de un Gobierno al que el desproporcionado poder que tiene se le ha subido a la cabeza. No importa que el sistema de partidos se desintegre con el consiguiente riesgo de que asciendan extremismos peligrosos, sean de un lado o de otro. No importa la quiebra del consenso constitucional, el único que nos quedaba. No importa nada más que el poder y el fin de mantenerlo justifica los medios. «Que caiga España, que ya la levantaremos nosotros», ¿verdad, señor Montoro? Con este precedente, ¿quién volverá a gobernar con lealtad a lo que hasta ahora era un patrimonio de todos?

Yo me pregunto cada día que pasa qué más tiene que pasar para que este país reaccione.

Gracias por seguir ahí. Y hoy, felicidades a uno de los más fieles lectores de este rincón de la red.

3 comentarios en “Precedentes

  1. El problema es, evidentemente, conceptual. Al margen de la legalidad que bien has mencionado, la pregunta central es si los votos legitiman cambiar las leyes. Y la respuesta es: Sí. Y es sí, en tanto este es un sistema en el cual gobiernan las mayorías, asentadas en el Parlamento.
    Lo cual nos lleva a generar otra pregunta, ¿es efectivo el sistema parlamentario? Una lectura rápida, pecando de cierta superficialidad, nos dice que en verdad, y al menos en España, ya no lo es. Y no lo es precisamente por cuestiones como esta que has descrito: el régimen constituido no puede prever el comportamiento de quien ostenta el poder, entiéndase, mayorías absolutas. Si España no está preparada para que exista lealtad institucional y políticas de Estado de largo plazo, entonces es necesario un sistema que separe poderes públicos con mayor claridad. Estados Unidos, como república presidencialista de tipo federal, nos puede dejar una lección. Todo esto creo que nos lleva a una última cuestión, quizás la central de tu artículo, ¿Está mal que los ciudadanos elijan a su poder ejecutivo de forma directa? Yo creo que no.

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  2. Si bien en la reforma electoral que propone este Gobierno coincidimos en estar en desacuerdo (aunque, a lo mejor, por razones distintas) no coincidimos en la reforma del Estatuto de CLM. Las CC AA tienen, en general, Parlamentos demasiado grandes y sí que es conveniente que todas las CC AA planeen reducirlos. Que el Gobierno de Cospedal haya optado por el reparto de escaños que ha optado dicen que ha sido por beneficio suyo en atención a los últimos resultados electorales pero, quien les dice a esas personas que los que votamos no podamos cambiar de parecer? Eso puede pasar y, entonces, ya no habría tal beneficio para el actual Gobierno castellano-manchego por lo que no veo tal “pucherazo” (palabra cuyo sentido se ha tergiversado por los medios en los últimos tiempos).

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