El gato y el ratón

«El Tribunal Constitucional dará en mano a Mas la suspensión de la consulta». Con estas palabras titula hoy El Mundo, y les sigue una crónica en la que se explica que el presidente catalán planea escudarse en el período de vigencia de la Ley de Consultas que aprobará el Parlament en septiembre para convocar “legalmente” la consulta soberanista. Para los menos iniciados en Derecho, la explicación es sencilla. En el momento en el que la Cámara autonómica aprueba una Ley (en este caso, una en la que se permite que el Gobierno de la Generalitat convoque un referéndum de autodeterminación), ésta entra en vigor y por tanto despliega sus efectos; todo lo que se haga en virtud de ella es, desde un punto de vista técnico, legal. El problema es que si esa Ley es inconstitucional (y en este caso lo es), pasa un determinado tiempo hasta que el TC la saca del ordenamiento y declara nulo lo que se ha hecho bajo su paraguas. Durante ese tiempo la Ley, aunque sea inconstitucional, es válida. La problemática de Mariano Rajoy, al parecer, es que Mas no aproveche ese lapso para llamar a los catalanes a votar algo que no pueden votar, porque claro, sería un problema. Un lapso durante el cual, básicamente, ocurre esto: el Gobierno se entera de la Ley, pide un informe al Consejo de Estado, lo recibe, se reúne en Consejo de Ministros, aprueba el recurso, lo presenta en el TC, el TC se reúne en Pleno, lo admite a trámite y, por fin, suspende la vigencia de la Ley. Normalmente esto suele durar unos dos meses.

Dicho de otra forma. Lo que el Gobierno nos está diciendo con este mensaje a través de una noticia, es que si mañana las Cortes de Castilla y León (por poner un ejemplo, y muy tosco) aprueban una ley por la que se ordena el inmediato encarcelamiento de todos los panaderos por resultar su oficio peligroso para la salud pública, aduciendo que el pan engorda, el Estado tardará dos meses en liberarlos. Que la pesada maquinaria burocrática es tan lenta que nada ni nadie podría impedir tal despropósito, hecho posible por la chapuza autonómica en la que se ha convertido el país.

Por supuesto –respiren tranquilos los profesionales del pan–, es mentira.

¿A dónde vamos a llegar? A lo mejor hace falta encarcelar panaderos para que el Gobierno de Rajoy salga de su insoportable pasotismo y actúe con contundencia. Si hay voluntad política, la Ley de Consultas catalana no entraría jamás en vigor; como mucho, un par de horas.

Un regalo para los Abogados del Estado: sería tan fácil como esperar la publicación de la Ley en el Boletín Oficial de la Generalitat (que suele ser el día siguiente a su aprobación por el Parlament) con el Gobierno reunido en Consejo de Ministros extraordinario convocado al efecto. La Ley prevé como necesario, pero no vinculante, el dictamen del Consejo de Estado; y, en cualquier caso, éste podría haberse recabado con anterioridad. Tan pronto sea oficial la publicación, el Consejo de Ministros lo acuerda y el Abogado del Estado recibe el recurso firmado por el Presidente. De inmediato, acudiría al Tribunal Constitucional (entre el Palacio de la Moncloa y la sede del TC hay unos 25 minutos a pie; asumo que, al menos, le pondrán al Letrado encargado de tan alta función un miserable taxi) para su aprobación. El Tribunal, casualmente reunido también en Pleno, recoge el recurso y dicta inmediato Auto de admisión, traslada la impugnación a las partes y de acuerdo con lo que dice la Constitución, suspende cautelarmente la vigencia del texto catalán. Estimo el proceso, incluyendo el taxi, en una hora; dos como máximo. Asumamos que el Boletín Oficial del Estado extraordinario, que se publica electrónicamente, con el citado Auto tarda otra desproporcionada hora en maquetarse, subirse a los servidores y publicarse oficialmente. La Ley de Consultas deja de estar en vigor tres horas después de su publicación. De nada.

No hay nada en ninguna Ley que impida a ninguna de las instituciones citadas hacer palabra por palabra lo que acabo de describir. Nada impide al jefe del Ejecutivo llamar al Gobierno a La Moncloa durante quince días ininterrumpidos, si lo estima oportuno. Nada impide a Pérez de los Cobos convocar un Pleno en cuanto la funcionaria del Registro le ponga el sello de “Recibido” al recurso. Nada impide un Boletín Oficial extraordinario (el último, el de la abdicación del Rey) ni mucho menos un recurso tan inmediato. Pero si no se hace es porque no hay voluntad política de hacerlo. Porque el Gobierno no se atreve a poner en marcha la maquinaria del Estado de Derecho –y esto sí es poner en marcha una maquinaria– contra un desafío como el de Artur Mas. ¿Entregarle la suspensión en mano? Qué pasa, ¿va a ir el Presidente del TC con gorra de cartero a aporrear la puerta del Palau de la Generalitat con el Auto en la mano, y –si le abre– le va a pedir a Mas que firme en la casilla de recibido? Es lo que me faltaba por imaginar, y eso que yo le echo imaginación a todo; para muestra, el párrafo anterior.

Mientras los dos presidentes juegan al ratón y al gato, la ciudadanía recibe el mensaje de que la Ley importa poco. Que la Constitución se puede saltar impunemente. Porque si Cataluña puede saltarse el 149 y convocar un referéndum, ¿por qué no me salto yo el 31 y dejo de pagar impuestos? El Gobierno no puede seguir de perfil ante este atropello permanente a la legalidad. Si Mas no entra en razón, habrá que suspender la Autonomía. Si por el contrario lo hace para obtener un rédito político y lo logra, Rajoy habrá hipotecado la Presidencia del Gobierno para unos 30 años. Haga lo que haga, el Ejecutivo pierde en imagen política, pero dependiendo del camino que elija, puede perder él solo, o hacer perder a España.

Esto, señor Rajoy, es política de Estado: aquella en la que, por las circunstancias, usted pierde y gana el país. Vaya asumiéndolo, antes de que Pedro Sánchez y Susana Díaz, en otro idílico paseo por la calle Princesa, descubran que sólo con volver a hacer política le pueden ganar unas elecciones generales.

Gracias por seguir ahí.