Un muerto sobre la mesa del Consejo de Ministros

La frase se me ha quedado grabada desde que ayer la leí en una columna de Federico Quevedo en El Confidencial, y desde entonces llevo dándole vueltas. Según el artículo, el autor no es otro que un mando de la Policía, que refleja así lo que a su juicio buscan quienes están detrás de las protestas violentas en Gamonal que han derivado en la claudicación de un Alcalde elegido con una amplia mayoría absoluta.

Que la extrema izquierda busca manchar de sangre las manos del Gobierno es algo que yo llevo opinando bastante tiempo, pero lo veo lo suficientemente grave como para no reconocerlo ante cualquiera. Un muerto es una cosa muy seria en un Estado de Derecho, en un país democrático como España, en un sistema como el europeo. Un muerto en una protesta ciudadana es el fin de muchas cosas. En el clima actual, un muerto es el fin caótico y precipitado de un Presidente, de un Gobierno, de una Legislatura y de un sistema.

Si la extrema izquierda busca ese disparo desafortunado, esa pelota perdida, esa caída fortuita en las calles del país, la extrema derecha no hace menos, aunque quizás con métodos más sofisticados. Vista la deriva de los últimos meses, tal parece –parece– que el sector a la derecha de Gallardón y Fernández Díaz está esperando el error del Gobierno para que ETA reaparezca y ponga, de su parte, un guardia civil en manos del Ministro. Esto no es menos grave que lo otro, pero la cruda realidad es que el mensaje que se desprende es ese –Quevedo dixit–.

El ambiente que vive España es tan peligroso que la menor chispa (y un muerto es una llamarada) puede hacerlo estallar. Hace mucho que advertimos de que la clase dirigente ha desconectado de la ciudadanía y carece por completo de conocimiento de la situación real que vive la gente. El caso de Gamonal es paradigmático, por lo mucho que tiene de absurdo.

Al margen de oscuras conspiraciones urbanísticas, el hecho de que un Alcalde sufra las protestas de su pueblo por realizar una obra de mejora es un sinsentido. La gente normalmente protesta porque las obras no se hacen. ¿Qué necesidad tenía el  señor Lacalle de este berenjenal? ¿Que los vecinos no quieren gastarse 8 millones de euros en una obra, bien es cierto, frugal? ¡Bienvenido sea! Se aparca el proyecto y a gastar ese dinero en otra cosa más productiva o, por lo menos y en los términos más frívolos, que no saque a la gente a la calle.

En lugar de eso, se mantiene durante una semana un pulso inútil con una multitud hastiada no por la obra, o no sólo por la obra. A un paso hemos estado del muerto sobre la mesa. Y lo único que se consigue es que, cuando alguien llega a la conclusión obvia, se retire el proyecto y haya triunfado la violencia de los disturbios frente a las instituciones democráticas. El remedio ha sido peor de la enfermedad. La gestión, desastrosa. Para los resultados, habrá que esperar.

Al Alcalde de Burgos hay que atribuir la entera responsabilidad de haber enviado a los que buscan ese muerto el mensaje de que si llevan la presión al límite, vencerán. Tras la claudicación consistorial, los protestantes ya empiezan a exigir que no se ejerzan acusaciones particulares en juicios o a diseñar el nuevo presupuesto del municipio. ¿Dónde estará el nuevo límite?

Poner un muerto sobre la mesa del Consejo de Ministros supondrá una explosión social inmediata, auspiciada por la extrema izquierda parlamentaria y apadrinada por redes sociales y movimientos ciudadanos (también de izquierdas). Al Gobierno en semejante tesitura no le quedaría otra opción que disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas. Elecciones que resultarán en un Congreso de los Diputados ingobernable que sumirá al país en el caos. Es un panorama apocalíptico, sí. Pero es lo que sucederá, sin poner demasiada imaginación, si la situación se va de las manos.

Este verano escribí lo que creo que deberíamos hacer: “creemos nuevos partidos, inauguremos otras formas de liderazgo, reconduzcamos las estrategias políticas y construyamos una democracia mejor. No hay que arrasar lo que tenemos”. También que “no podemos permitirnos una catarsis que suma en el caos a las instituciones”. Una catarsis social sólo hundirá a  España en un maremágnum de partidos descabezados, incapaces de gobernar en solitario y de facilitar cualquier otro Gobierno. Un caos electoral sólo supondrá un daño para todos, un daño brutal. La falacia de que la política puede desaparecer sin consecuencias en el día a día no es más que eso: una mentira populista. La política, el sistema político, las instituciones y el Estado mismo aseguran que el país sea tal. La caída de cualquiera de ellos o de todos a la vez no evitará que al día siguiente salga el sol, pero sí que lo que bañe con su luz se derrumbe.

No se trata de instalar un discurso del miedo, un catastrofismo para que el pueblo regrese atemorizado a los brazos del cómodo bipartidismo. Se trata de ser conscientes de lo mucho que nos jugamos en los próximos meses y años. Se trata de saber que de lo que pase ahora tendrán que ser responsables varias generaciones venideras. Se trata de asumir que los errores de hoy serán graves lastres del mañana, como lo son ahora los errores del pasado. Se trata de entender de una puñetera vez que si el país cae, todos nosotros vamos detrás.

El patriotismo no es cosa del siglo XIX. Que se lo digan a los que buscan poner ese muerto sobre la mesa.

Gracias por seguir ahí.