No deberá haber un paso más

Llevo muchos días dando vueltas a la “Declaración de soberanía del pueblo catalán” que la mayoría CiU-ERC llevará al Parlamento de Cataluña el próximo día 23. Declaración que contiene, entre otras cosas, la afirmación de que “El pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano.” Me refiero, claro está, a la segunda versión. Ésa que el señor Mas ha parido, cabe suponer, después de que alguien le dijera que aprobar la primera que salió a la luz hubiera producido una catástrofe legal y política inconmensurable.

Precisamente hace un par de días, durante la lección de Derecho Constitucional sobre los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad, el profesor García Fernández nos planteaba la siguiente cuestión: “Si el Parlamento de Cataluña aprobara una simple resolución soberanista, ¿sería ésta recurrible ante el Tribunal Constitucional?”. Existe la creencia de que sólo las leyes pueden ser anticonstitucionales, y no un mero mensaje o declaración. La respuesta se encuentra en dos puntos clave de nuestro sistema de protección constitucional: el artículo 162.2 de la Norma Fundamental del Estado, y el artículo 76 de la Ley Orgánica que rige el Tribunal Constitucional que dice lo siguiente:

Dentro de los dos meses … desde que llegare a su conocimiento, el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones normativas sin fuerza de Ley y resoluciones emanadas de cualquier órgano de las Comunidades Autónomas.

Sí. En el más que probable caso de que el Parlamento de Cataluña aprobara el día 23 un texto que afirmara que el pueblo catalán es titular de una soberanía que nuestra Constitución sólo atribuye al conjunto de la Nación (“la soberanía nacional reside en el pueblo español”, dice el artículo 1.2), el Presidente del Gobierno –y sólo él porque es a él exclusivamente, no al Gobierno o al Consejo de Ministros, a quien la Constitución da esta facultad– deberá ordenar el día 24 de enero la impugnación de la Declaración ante el Tribunal Constitucional. Esa impugnación, por proceder de la Presidencia del Gobierno, suspende automáticamente la validez de la declaración, que aunque carezca de fuerza legal es un primer paso para frenar el asunto. Asunto, por cierto, que quedaría en manos de un TC que está obligado por su propia Ley a dictar sentencia en el plazo de un mes pero que lleva treinta años demorando durante lustros sus decisiones.

Las consecuencias políticas son ya difíciles de prever, pero las legales… ¿Significa esta declaración que las Leyes aprobadas por las Cortes Generales –titulares de “otra” soberanía– cesan su aplicación en Cataluña? ¿Significa que el Parlament se arroga unas facultades de poder constituyente, es decir, de creador de una Constitución? ¿Significa que se abre la puerta a la insumisión civil, a la desobediencia institucional? ¿Significa la ruptura total con el Estado al que pertenecen?

No quiero entrar en vericuetos jurídicos y constitucionales. La cuestión es que nos encontramos al borde de un abismo cuyo fondo es difícil avistar: en pocos días el Parlamento Catalán aprobará un texto que ataca la base del Estado y se otorga a sí mismo la legitimidad democrática y la soberanía en su territorio. Ante este escenario, yo veo dos problemas serios. El primero es la cobardía demostrada una y mil veces por el Presidente del Gobierno; temo fundadamente que sea capaz de alguna mojigatez como “apostar por el diálogo y evitar una confrontación que nos daña internacionalmente” para evitar recurrir la Declaración. Me tiemblan los dedos al escribir esto, porque si sucede algo así España estará abocada al desastre institucional y a una crisis política sin precedentes en el último medio siglo.

Mi segundo temor, que he dejado a entrever algunas líneas más arriba, es que el Tribunal Constitucional tarde diez años en dictar una Sentencia. Diez años de los cuales a Artur Mas le sobran nueve y medio para desmantelar el orden constitucional vigente. ¿Qué hacer mientras tanto? ¿Cómo impedirlo? Con un Presidente agorafóbico y temeroso siquiera de abrir la Constitución por el artículo 155, vuelvo a temerme que caigamos en una espiral sin sentido de desafíos a la legalidad.

No debe haber un paso más después del desafío planteado por Mas y Junqueras durante y tras las elecciones. Si el Gobierno de España tiene que intervenir Cataluña y parar esta espiral de desafío, con el coste político y electoral que supone, tendrá que hacerlo porque su deber es velar por la legalidad y la unidad del país. El Presidente tendrá que elegir entonces si pasa a la Historia como el único que se atrevió a frenar a los nacionalistas furibundos, o si lo hace como pusilánime que permitió por su dejadez la mayor crisis institucional de la democracia. Y en este segundo caso lo haría superando incluso al que ya ostenta este título, que es su predecesor; me estoy refiriendo a las dos trágicas frases que tanto nos han costado: “Respetaré lo que salga del Parlamento de Cataluña” y “El concepto de Nación es discutido y discutible”.

Y es que, al fin y al cabo, volvemos a lo de siempre. Si el próximo miércoles se aprueba esa declaración que choca frontalmente contra los dos primeros artículos de lo único que nos une por encima de cualquier ley o declaración, será el momento de dar ese golpe encima de la mesa que yo, iluso de mí, llevo esperando desde que, allá por 2008 cuando a Rajoy le acechaban con machetes –quizás también con afilados sobres–, por las esquinas de Génova, yo le exigía desde aquí que se enfrentara a Camps y Costa. Cinco años han pasado, y decenas de golpes encima de la mesa nunca dados: contra Camps, contra Zapatero, contra  Gallardón, contra De Lorenzo, contra Ana Botella, contra Bildu, contra Draghi, contra Bárcenas…

“[Se ha estrellado contra un árbol en una bicicleta] porque su Presidente es un torpe, señora Landingham…” Con tal sorna se expresaba el genial Leo McGarry, hace década y media, en el primer capítulo de El Ala Oeste de la Casa Blanca.

Yo prefiero antes a un torpe que a un cobarde.

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