El momento de cambiar un país derrotado

En el día apoteósico, ayer, en el que España ha rozado el precipicio -si es que realmente no ha caído ya en él- todo el mundo parece haberse puesto de acuerdo en que el Gobierno de Rajoy no terminará la Legislatura.

La absoluta soledad del Ejecutivo y su incapacidad manifiesta para expresar sus planes, sus proyectos y sus decisiones son probablemente los motivos fundamentales de este planteamiento, que no es nuevo pero sí mayoritario por primera vez. A eso se añade, claro, la grave emergencia en la que se encuentra España y que constituye una situación casi sin precedentes en nuestra historia. Nuestra deuda es insostenible, al igual que nuestra tasa de desempleo, nuestro déficit, nuestro tejido productivo…

El jueves cientos de miles de personas clamaron por todo el país en contra de la salvajada -sin matices- que suponen os dos reales decretos-leyes, convalidados en la clamorosa ausencia  del Presidente del Gobierno, en una agradecida demostración de unidad ante la política económica.

Esta mañana he leído que algunos Diputados se han quejado al Presidente de la Cámara porque, desde que Rajoy anunció el estado de Excepción en el que Europa declara la economía nacional, el Congreso se encuentra en una suerte de sitio policial, con vallas, controles, calles colindantes cortadas y policía montada patrullando. Si yo fuera un ciudadano, pongamos por caso inglés, ¿cuál sería mi impresión de un país obligado a blindar el Parlamento, que teóricamente representa la soberanía nacional, por temor a los titulares de esa misma soberanía?

De modo que tenemos la economía bajo sitio; la sociedad bajo sitio; y la política bajo sitio.

En la primera y optimista entrada de este blog, allá por enero de 2009, intenté describir el histórico liderazgo que el Presidente Obama había logrado ejercer sobre el pueblo estadounidense. Hace ya más de dos años escribí al Congreso de los Diputados exigiendo que «se tomaran medidas para paliar la crisis política que vive el país a causa de su carencia de líderes políticos», en palabras de su Comisión de Peticiones. Desde entonces vengo manteniendo que España carece de liderazgo político, pero hoy doy un paso más: me resigno a aceptar que no lo tendrá en un futuro cercano.

Con la situación de sitio total descrita y sin liderazgo político, España caerá sin remisión más pronto que tarde. Por eso desde hoy es necesario plantearse un cambio radical.

No puede esperarse nada de un país cuyos ministros tienen en su historial perlas como el «que caiga España, que ya la levantaremos nosotros». No puede esperase nada de un país descentralizado e incapaz de ejercer control efectivo sobre las instituciones territoriales. No puede esperarse nada de un país que carece de los medios para evitar que los mercados le hundan. No puede esperarse nada de un país resignado a ser dirigido por mediocres e incapaces. No puede esperarse nada de un país que sigue evitando enfrentar a los terroristas con acciones tan contundentes como contundentes fueron sus asesinatos. No puede esperarse nada de un país como el que acabo de describir con meros ejemplos y que no es otro que el nuestro.

Ya que el Gobierno no terminará la Legislatura, hay que aprovechar esa tesitura para cambiar muchas cosas. Es el momento de una reforma constitucional agravada, que requiera de un acuerdo total entre las fuerzas políticas, de un referéndum y de la disolución de las Cámaras que prevé el artículo 169 para los cambios en el Título Preliminar, el capítulo segundo de la sección primera del Título I (derechos fundamentales) o el Título II (Corona). Voy más allá: me atrevo a definir los mínimos concretos de tal reforma.

Debe establecerse un mecanismo judicial, quizás con procedimiento sumario, de defensa de los citados derechos fundamentales al margen del Tribunal Constitucional, y restringir así las condiciones del recurso de amparo que satura la institución. Del mismo modo, se restringirán las reformas educativas sucesivas y la modificación de los principios generales rectores de entes como Universidades, medios de comunicación o asociaciones civiles y políticas.

Debe modificarse el Título II para actualizar los términos de la sucesión en la Corona, así como la delimitación de la Familia Real a los Reyes de España, los Príncipes de Asturias y sus hijos. En ningún caso puede siquiera plantearse la eliminación o sustitución de la institución sin un referéndum PREVIO al Proyecto de reforma constitucional.

Debe modificarse el Título III, junto con los Reglamentos respectivos, para suprimir el Senado y establecer el Congreso de los Diputados como único órgano del Poder Legislativo y depositario de la soberanía nacional. Esta reforma se hará de forma que, en el plazo de una Legislatura, la Cámara Alta liquide todos los asuntos de su competencia y traslade al Congreso los restantes, así como todas sus atribuciones y competencias, para después disolverse definitivamente. Así, además de reducir sustancialmente el Presupuesto de las instituciones del Estado se simplifica el procedimiento legislativo y se agilizan los trámites parlamentarios. También se reformará el sistema electoral: desaparecerán las circunscripciones provinciales en favor de una única nacional, se habilitará constitucionalmente el sistema de listas abiertas y se retirará a la LOREG la facultad de establecer el número de Concejales y de Diputados, quedando fijados éstos en la Constitución.

Debe modificarse el Título IV para introducir una serie de requisitos constitucionales para optar a la Presidencia del Gobierno, como un determinado nivel de estudios o la obligatoriedad de haber residido en España durante un período de tiempo no inferior a veinte años, y para determinar de forma no totalmente rígida pero sí orientativa la estructura genérica de la cúpula del Ejecutivo (me refiero a delimitar Ministerios y Vicepresidencias).

Debe modificarse el Título V, y por tanto también el Reglamenti del Congreso, para habilitar la moción de censura no constructiva, consistente en el cese del Gobierno y, en lugar de la investidura de un nuevo Presidente, en la disolución de la Cámara y la convocatoria automática de elecciones generales. Esto facilitará las caídas de los Gobiernos que, como el anterior, carecen de mayoría y de apoyos pero que permanecen gracias a que su oposición no es capaz de consolidar una candidatura alternativa.

Debe modificarse el Título VI para dotar de independencia política al Consejo General del Poder Judicial, para separar las presidencias del mismo y del Tribunal Supremo y para dotar a los miembros del Poder Judicial de mayor incidencia y participación en su órgano de gobierno. En consonancia, el Título IX también sufrirá cambios para adaptar a esa nueva realidad al Tribunal Constitucional.

Finalmente, debe reformarse el Título VIII para conferir al Congreso de los Diputados la facultad de recuperar de forma eficaz competencias transferidas a las Comunidades Autónomas, así como a restringir la prestación de las mismas a autonomía que demuestren que pueden realizarlas sin consecuencias, por ejemplo, económicas. También deben reforzarse los principios de igualdad y de solidaridad interterritorial, y por encima de ellos, el de lealtad institucional.  Por otra parte, se prohibirá de forma taxativa la duplicidad de competencias y se declarará inconstitucional la creación de órganos autonómicos cuyas funciones ya sean ejercidas por organismos nacionales o locales. Y por si nada de esto resultara, una nueva Disposición Adicional establecerá la posibilidad de disolver una Comunidad Autónoma y la incorporación de sus provincias a las CCAA limítrofes correspondiente.

Estas reformas constituyen un profundo vuelco en la estructura y el funcionamiento del Estado, pero son sólo una parte del cambio necesario. Se requiere la urgente recuperación de una serie de valores sociales absolutamente perdidos, como los del trabajo, la reponsabilidad o la solidaridad. Esto no se hace a través de reformas constitucionales ni movimientos políticos, se hace entre todos.

Creo que puedo afirmar que existe unanimidad en la creencia de que se requiere un cambio urgente y radical. Pero no es posible cambiar esta España rendida sin que la sociedad española cambie también. Y este es un proceso que, por desgracia, deberemos emprender sin liderazgo político.

Lo lamento, pero soy pesimista. Si miro los antecedentes, si observo lo que la sociedad me muestra cada día y si considero las tendencias recientes de los españoles, no puedo sino creer que nunca lo lograremos.

De confirmarse sería, ni más ni menos, la triste derrota de toda una Nación.

Gracias por seguir ahí.